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Decreta el establecimiento de Jueces con el título de Conciliadores, en la capital de México y en todos los pueblos en que se establecieron Ayuntamientos o Alcaldes, para que únicamente se encarguen de ejercer las atribuciones que se leen en el capítulo 5° de la ley de 23 de mayo de 1837, que arregló los tribunales, o las que se les señalen. Trece artículos

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